Los gremios empresariales, como la Asociación Automotriz del Perú (AAP), que somos parte del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), reiteramos que nuestra decisión de suspender nuestra participación en esta instancia ha sido motivada por las continuas prácticas unilaterales y arbitrarias del Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).
Ello por la promulgación de diversas normas sin la debida discusión técnica ni análisis, como el DS N°001-2022-TR (23.02.22) que restringe la tercerización con desplazamiento entre las empresas; la pre publicación del Anteproyecto de Código de Trabajo (13.04.22) que solo pretendió llevarlo al CNTPE, luego de recibir un llamado de atención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a través de una carta (27.04.22); y finalmente, publicar el DS N°014-2022- TR (24.08.22) que reglamenta la Ley de Relaciones Colectivas, cuando el pleno del CNTPE estaba por acordar la manera de debatir el Anteproyecto de Código de Trabajo, que precisamente incluye la Ley de Relaciones Colectivas y la Tercerización.
En ese sentido, rechazamos tajantemente la ligereza de las afirmaciones realizadas por el ministro Alejandro Salas y manifestamos lo siguiente:
- Es irresponsable señalar que “los decretos sectoriales son competencia exclusiva del MTPE”. Toda norma debe ser debatida y coordinada entre los sectores involucrados y ser pre publicada para un debate abierto sobre sus efectos. Evitar el debate origina malas normas, como los DS mencionados y los convierte en ilegales.
- Constituye un incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país señalar que “el CNTPE es un espacio de consulta, pero no vinculante”. El Perú ha suscrito el Convenio 144 de la OIT sobre la consulta tripartita donde se establece que “las organizaciones de trabajadores y empleadores deben ser consultadas de manera efectiva en el proceso de adopción de instrumentos legislativos o reglamentarios susceptibles de afectar los intereses de sus miembros”.
- Son inaceptables los cuestionamiento y amenazas a los funcionarios de INDECOPI, afirmando que “los derechos laborales no son una barrera burocrática” cuando la resolución indica que el Estado ha emitido una norma ilegal. Igualmente son inaceptables las amenazas al Poder Judicial y a sus jueces que están viendo procesos de naturaleza constitucional. Esta forma de actuar del MTPE solo demuestra falta de respeto hacia instituciones que garantizan la legalidad y vigencia de nuestra Constitución, incluso yendo en contra de los lineamientos de mejora regulatoria de la OCDE, a la que pretendemos ser admitidos como país.
- El ministro demuestra poca seriedad al afirmar que hubo un plazo para discutir posibles prórrogas para la puesta en vigencia de los decretos. Todo diálogo, debe ser previo a la emisión de la norma.
Todos estos hechos, comunicados y declaraciones del MTPE están siendo escalados al Sistema de Monitoreo y Control del Cumplimiento de Convenios de la OIT para que se pronuncie al respecto.
Como representantes del sector privado formal, rechazamos las prácticas poco dialogantes del gobierno y la falta de medidas efectivas para atender las necesidades de los trabajadores del país. Nos solidarizamos con la precaria situación que atraviesan más de 13 millones de trabajadores informales, que no gozan de derechos laborales ni de protección social, incluyendo más de 600 mil servidores públicos, que no cuentan con mecanismos de contratación ni beneficios sociales similares a los del régimen privado formal.