La CONFIEP y sus 22 gremios asociados de la pequeña, mediana y gran empresa, entre ellas la Asociación Automotriz del Perú (AAP), lamentamos que la extrema convulsión social que atraviesa el país como consecuencia de la crisis política que se inició con el golpe de estado de Pedro Castillo Terrones, haya cobrado un trágico saldo de más de 50 vidas y casi mil heridos.

Durante las últimas semanas hemos sido testigos de acciones violentas e ilegales por parte de grupos radicales. Tales como bloqueos de carreteras que impiden que los enfermos lleguen a los centros de salud y productos de necesidad básica a los mercados de abastos; saqueos a pequeños y medianos negocios y la destrucción de la propiedad pública y privada, incluyendo más de 20 comisarías, sedes del Poder Judicial y del Ministerio Público y 6 aeropuertos.

Esta violencia ha impedido que la gran mayoría de peruanos puedan ejercer su libertad de transitar y derecho trabajar. La violencia no puede ser el medio para protestar por demandas legítimas y menos aún para imponer agendas políticas.

Nuestras fuerzas del orden, tanto la Policía Nacional del Perú como las Fuerzas Armadas, están arriesgando su integridad y su vida para restablecer la paz pública dentro del marco institucional. Muchos de ellos han sufrido lesiones graves e inclusive la muerte de la manera más cruel y violenta. Por ello, a aquellos que han luchado valientemente y han actuado dentro del marco de la ley, les agradecemos por su valentía y compromiso con el mandato que la Constitución les confiere.

En este momento crítico, es imperativo que el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo lleguen a un acuerdo político lo antes posible a través de las vías institucionales y el orden constitucional para que el país recupere la estabilidad política y social. Exhortamos a las distintas fuerzas políticas para que tomen una decisión responsable a la brevedad definiendo la fecha del adelanto de elecciones generales y así, devolverle al país la esperanza de que es posible resolver los problemas civilizadamente y dentro de cauces democráticos y constitucionales.

Nos solidarizamos con el dolor y la frustración de muchos peruanos que viven con la esperanza de recibir lo básico para una vida digna: alimentación, salud, educación, oportunidades de trabajo y seguridad. En particular, con los peruanos de las zonas alejadas donde el Estado no ha sabido llegar, a pesar de que el gobierno central y los gobiernos regionales cuentan con los recursos para atender sus necesidades. El sector privado tiene el firme compromiso de invertir y generar empleo, de trabajar para el bienestar de los consumidores, empleados y las comunidades, pero también tiene el compromiso de exigirle al Estado, sea cual fuere su orientación ideológica, que cumpla con su rol de brindar servicios e infraestructura de calidad a todos los peruanos.

Necesitamos que todos los empresarios -pequeños, medianos y grandes- puedan volver a trabajar, que los ganaderos puedan vender su leche, que los agricultores puedan cosechar y brindar alimentos de calidad a los peruanos y al mundo, que nuestros minerales vuelvan a brillar en los principales mercados del mundo, que los turistas vengan a disfrutar de nuestro país, nuestra comida y nuestra hospitalidad,

El Perú tiene todo lo necesario para prosperar. Tenemos que unirnos para recuperar la confianza entre los peruanos y retomar la ruta del desarrollo.