AAP SE UNE A RECHAZO POR ANUNCIO DE MEDIDAS ARBITRARIAS REALIZADA POR LA PREMIER

La CONFIEP y sus gremios asociados de la pequeña, mediana y gran empresa expresan su rotundo rechazo a la medida arbitraria e ilegal anunciada por la primera ministra, Mirtha Vásquez, respecto al retiro y cierre de cuatro operaciones mineras ubicadas en Ayacucho.

Estos anuncios vulneran el Estado de Derecho, al atribuirse la Primera Ministra facultades que no le corresponden de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, por ser competencia exclusiva de otras entidades públicas competentes. Igualmente es preocupante las acciones de la Primera Ministra que normalizan y justifican la violencia. Los mensajes erráticos y contradictorios del Gobierno continúan generando inestabilidad, incertidumbre y falta de predictibilidad.

El cierre de las operaciones anunciado por la Primera Ministra haría que más de 54 mil familias peruanas, muchas de ellas en Ayacucho, pierdan sus puestos de trabajo. En ese sentido, anuncios como el formulado desalientan la inversión privada en momentos en que más necesitamos impulsar la recuperación económica.  

Consideramos que el comunicado de la PCM, emitido luego de nuestra conferencia de prensa, lejos de aclarar los hechos, reitera las arbitrariedades anunciadas y confunde a la opinión pública sobre los planes de cierre de minas. Todo proyecto minero cuenta con estos planes los mismos que son considerados instrumentos de gestión ambiental “vivos” o “dinámicos”, pues se actualizan en función al hallazgo de recursos y su impacto en la extensión de la vida útil de las minas. Lamentamos que desde la PCM se esté utilizando políticamente un instrumento técnico que debe manejarse conforme a las leyes que aplican a la industria.

Finalmente, solicitamos a la Primera Ministra que rectifique los acuerdos ilegales del acta suscrita en Cora Cora y al presidente Pedro Castillo le pedimos que sea consecuente con las declaraciones dadas a favor de la promoción de la inversión privada, aclarando esta situación que vulnera el Estado de Derecho, daña la institucionalidad y afecta a todos los sectores económicos del país.